Barreras a un futuro mejor

En Filipinas viven más de 17 millones de personas indígenas, con 110 grupos etnolingüísticos. Las comunidades indígenas suelen vivir en zonas geográficamente aisladas, donde han conservado gran parte de su cultura tradicional y sus actividades de subsistencia. No obstante, al igual que otras comunidades indígenas del mundo, figuran sistemáticamente entre las comunidades más pobres y desfavorecidas del planeta.

Estas comunidades, que se enfrentan a una discriminación histórica, carecen de acceso a los servicios sociales y a las oportunidades económicas y políticas. Dados los altos niveles generalizados de analfabetismo y desempleo, incluso el acceso a un certificado de nacimiento puede suponer un desafío.

Bae Dalayagan Gloria Penaso vive en la aldea montañosa de Pianing. Para acceder incluso a los servicios básicos, las personas de su comunidad tenían que recorrer casi 20 kilómetros hasta la ciudad más cercana, Butuan. Antes, muchas de ellas hacían una ardua caminata de cuatro horas hasta el centro de la ciudad. Hoy en día, incluso con más carreteras construidas en las montañas y la disponibilidad de motocicletas para el transporte, el costo del viaje sigue siendo inasequible para muchos pueblos indígenas.

Sin certificado de nacimiento, los niños y las niñas son más vulnerables a la pobreza y la exclusión. No pueden acceder a la educación pública. Tampoco pueden acceder a los programas gubernamentales de bienestar social, destinados a romper el ciclo de la pobreza intergeneracional en Filipinas.

Servicios de justicia para los pueblos indígenas

Gracias a un subsidio del Programa de Gobernanza en la Justicia (GOJUST) de la Unión Europea, la Universidad Padre Saturnino Urios ha prestado servicios de asistencia jurídica a la comunidad manobo. Se certificaron ante notario las declaraciones juradas para que las familias pudieran obtener certificados de nacimiento de los niños y las niñas de la comunidad, y de esta forma establecer su identidad legal y facilitar el acceso a sus derechos.

«El acceso a la justicia es fundamental para construir una sociedad justa, inclusiva, próspera y pacífica. Desde 2006, la Unión Europea ha mostrado, como asociado, su compromiso por la reforma del sector de la justicia en Filipinas. Nuestro compromiso se deriva de la importancia que concedemos a la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho», declaró Christoph Wagner, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Filipinas.

El equipo de la universidad, formado por estudiantes y docentes de derecho, también aportó conocimientos vitales a la comunidad sobre sus derechos ante la ley y proporcionó asesoramiento jurídico a líderes tribales sobre disputas entre sus comunidades.

«Queremos dar las gracias a la Universidad Padre Saturnino Urios porque siempre que han venido a nuestra comunidad han ayudado a todas las personas. Nunca han elegido a un grupo por encima de otro. Muchos de nuestros hijos e hijas tienen certificados de nacimiento gracias a la universidad», afirmó Bae Avelyn Makigod, otra líder tribal manobo.

«El asesoramiento jurídico proporcionado por la Universidad Padre Saturnino Urios también nos ha permitido conciliar tanto el derecho convencional como nuestro derecho consuetudinario indígena a la hora de arbitrar disputas», explicó Bae Makigod.

Ambas dirigentes conceden gran importancia a la educación de los niños y las niñas manobo. Bae Penaso, líder tribal, presentó con orgullo a Joy, que actualmente tiene 18 años y estudia ingeniería de minas en la Universidad Estatal de Caraga. Confía en que los logros de Joy representen el comienzo de un futuro mejor para la juventud de la comunidad.

«Junto con la Unión Europea, hemos estado trabajando con comunidades vulnerables desde 2016, asegurándonos de que nadie se quede atrás», señaló Joy Jakosalem-Balane, Gerente Sénior de Proyectos de UNOPS para el proyecto GOJUST.

Con un subsidio de un valor total de 19 millones EUR distribuidos a lo largo de un período de cuatro años, el programa GOJUST de la Unión Europea apoya las iniciativas del Gobierno de Filipinas para mejorar el acceso a la justicia de toda la población del país, contribuyendo a un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible. GOJUST trabaja con el Tribunal Supremo de Filipinas, el Departamento de Justicia y el Departamento del Interior, así como con el Gobierno local, para desarrollar servicios de justicia con mejor capacidad de respuesta y mayor rendición de cuentas en el país.

Desde su puesta en marcha en 2022, aproximadamente 2.300 mujeres, niños, niñas y hombres han recibido servicios de asistencia jurídica, así como conocimientos y capacitación sobre sus derechos.