Imaginemos esta situación: una persona joven y talentosa, llena de esperanzas para el futuro, sueña con ir a la universidad. Sin embargo, esos sueños se ven frustrados porque, para ingresar, debe conocer a las personas adecuadas (personas en posiciones de poder) o pagar sumas ingentes en sobornos. Como conseguir un trabajo es difícil si no se tienen contactos, esta persona decide crear su propia empresa, pero pronto se da cuenta de que es imposible sin sobornar a nadie. Y cuando su madre enferma y necesita ser hospitalizada, ya no le sorprende que la persona responsable no la admita a menos que reciba un soborno.  

La corrupción afecta la vida y los medios de subsistencia de las personas. Socava la confianza en los Gobiernos y en la ciudadanía. Acentúa las desigualdades y la pobreza. Desalienta la inversión, obstaculiza el crecimiento económico e impide activamente el desarrollo sostenible. En una investigación reciente, se demuestra cómo la corrupción ha menoscabado los esfuerzos por dar respuesta a la pandemia de COVID-19.

En la mayoría de los países, el gasto público supone entre el 15% y el 30% del producto interno bruto. Por lo tanto, una vía fundamental de lucha contra la corrupción es garantizar la transparencia en las adquisiciones públicas. Según una estimación, a nivel mundial, los Gobiernos destinan alrededor de 13 billones USD a contratos públicos. Si los Gobiernos toman las decisiones correctas sobre el destino de esos fondos y la manera en que disponen de ese dinero, pueden crear empleo, fomentar la igualdad de género y reducir las emisiones de carbono.

Permítanme darles un ejemplo. La ciudad de Oslo, que invierte cerca de 1.000 millones EUR al año (1.100 millones USD) en el sector de la construcción, decidió apostar por métodos menos contaminantes, a través de obras libres de combustibles fósiles e iniciativas de colaboración con empresas privadas para crear materiales libres de carbono y maquinaria que no genere emisiones de este elemento. Se formularon estándares para promover bajas emisiones de carbono en el ámbito de las adquisiciones y se utilizó el presupuesto para el clima como herramienta de gobernanza a fin de supervisar cómo se alcanzan las metas, qué medidas de mitigación se adoptan y quién es responsable.

Un gasto público eficaz puede generar resiliencia, proporcionar suministros vitales, fomentar las economías locales, impulsar la innovación y promover la sostenibilidad social y ambiental. En definitiva, seguir un enfoque acertado en las adquisiciones públicas puede desempeñar un papel clave a la hora de acelerar los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No obstante, la corrupción plantea un grave problema a esta posibilidad. Las proyecciones demuestran el grave impacto que tiene la corrupción en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Se estima que cada año se pagan 1 billón USD en sobornos.

La buena noticia es que adoptar medidas contra la corrupción ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda internacional. El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado la lucha contra la corrupción interés fundamental de seguridad nacional. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó un período extraordinario de sesiones a la lucha contra la corrupción e hizo un llamamiento en favor del aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas. En junio de 2021, el G7 subrayó la necesidad de combatir la corrupción, en especial mediante el apoyo a las iniciativas de aumento de la transparencia en las adquisiciones públicas. Por su parte, el G20 adoptará un nuevo plan de acción anticorrupción.

Desde Argentina y México hasta Honduras y Guatemala, el personal de UNOPS presta apoyo a los países para garantizar mejores inversiones de los fondos públicos, de manera que puedan servir mejor a la población, responder a las necesidades nacionales y, al mismo tiempo, impulsar la transición ecológica y garantizar una buena relación calidad-precio.

Los Gobiernos pueden hacer más para prevenir la corrupción y crear sistemas de adquisiciones públicas que permitan atender mejor a sus ciudadanos y ciudadanas, y muchos ya lo están haciendo: desde fomentar procesos más transparentes y accesibles, reformar las instituciones para promover la rendición de cuentas y crear capacidad en la administración pública hasta alentar la participación de las partes interesadas y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías.

Es indispensable adoptar un enfoque más inclusivo en el ámbito de las adquisiciones públicas, de modo que se reúna a la población, las empresas y el Gobierno con el objetivo de garantizar que se denuncien las violaciones y que el ciclo de adquisiciones se realice a través de plataformas abiertas y transparentes. En todo el mundo, podemos ver ejemplos de un enfoque más participativo y responsable en las adquisiciones. Sin embargo, debemos hacer mucho más para combatir la pandemia mundial de la corrupción.

Tenemos un camino largo y difícil por delante en la lucha colectiva contra la corrupción. Falta confianza en dirigentes políticos y, ahora que los países intentan recuperarse de la pandemia de COVID-19, hay grandes limitaciones en los recursos públicos. Asignar correctamente el gasto público es una medida clave no solo para responder al problema de la corrupción, sino también para construir un futuro más sostenible e inclusivo.