En todo el mundo, las personas dependen de la infraestructura. La infraestructura de transporte nos da acceso a la alimentación, al empleo, a la sanidad y a otros servicios. La infraestructura de abastecimiento de agua nos ayuda a acceder a agua potable y nos permite regar los cultivos. La infraestructura de vivienda nos proporciona refugio, protección y un lugar al que llamar hogar.

La infraestructura sienta las bases del desarrollo; resulta imprescindible para la dignidad humana y el bienestar.

Pero, ¿qué sucede cuando la infraestructura no se construye tomando en cuenta las necesidades de todas las personas? ¿Qué sucede cuando la infraestructura esencial para la vida diaria es accesible y asequible para algunas personas, pero no para otras?

La infraestructura que se construye para hacer más fácil la vida de las personas puede ser inaccesible para las mismas.

Antes de 2040, es necesario invertir alrededor de 97 billones USD en infraestructura a nivel mundial para posibilitar el desarrollo sostenible. Dos tercios de esta cantidad deberán invertirse en países en desarrollo. Si no realizamos esta inversión cuidadosamente, no beneficiará a todas las personas por igual, sino que perpetuará desigualdades de desarrollo que afectarán a las generaciones venideras.

La infraestructura debe ser inclusiva. Es algo que debemos lograr durante la planificación, el diseño y la ejecución de la infraestructura, así como en la gestión de los servicios que la misma presta. Debemos garantizar que la infraestructura responda a las necesidades de las personas que la utilizan.

De lo contrario, los servicios que la infraestructura presta serán inaccesibles para grupos marginados y vulnerables: mujeres, personas mayores, personas con discapacidad física y personas desfavorecidas económicamente, entre muchas otras. En consecuencia, dichos grupos no podrán acceder a oportunidades de desarrollo.

Pensemos en la infraestructura de transporte.

En muchas zonas urbanas, las carreteras se diseñan principalmente para reducir la congestión del tráfico y se orientan a las necesidades de las personas usuarias de automóviles, las cuales suelen tener ingresos medianos o altos. En muchas ciudades, aquellas personas que no pueden permitirse un automóvil van a pie o en bicicleta, pero a menudo las veredas y las ciclovías están en malas condiciones o no existen. Si las carreteras se diseñaran teniendo en cuenta las necesidades de las personas que van a pie o en bicicleta, les resultaría más fácil acceder en condiciones de seguridad al empleo, a la educación y a los servicios de salud.

Los sistemas de transporte público de metro se diseñan principalmente para ofrecer un medio de transporte más asequible. Sin embargo, las personas mayores o con discapacidad física pueden ver limitado su acceso a dichos servicios si las estaciones de metro no cuentan con ascensores para personas en sillas de ruedas o con problemas de movilidad en general. Cuando la infraestructura de transporte público toma en cuenta dichas necesidades, las personas mayores tienen mayor acceso a servicios de salud esenciales y las personas con discapacidad física pueden acceder a oportunidades educativas y económicas.

El transporte público que no tiene en cuenta consideraciones de género puede comprometer la seguridad de las mujeres, ya que se pueden ver expuestas a acoso sexual, verbal o físico. Por ejemplo, si las estaciones de autobús, tren y metro no están bien iluminadas o no cuentan con medidas de seguridad adecuadas, las mujeres pueden ser vulnerables a ataques mientras esperan en la estación. Como consecuencia, algunas mujeres que tratan de evitar el acoso dejan de usar la infraestructura que se construyó para darles acceso a oportunidades educativas y laborales, lo que puede limitar el crecimiento económico de estas personas.

Los ejemplos anteriores se pueden aplicar a otros tipos de infraestructura, incluida la infraestructura de abastecimiento de agua y de saneamiento, escuelas y hospitales, entre otros. 

Se deben integrar acciones prácticas en la planificación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de infraestructura de manera que sean inclusivos y cubran las necesidades de todas las personas que vayan a hacer uso de dicha infraestructura.

Una de las medidas más básicas que se pueden tomar consiste en hacer partícipes de cada fase del proyecto de infraestructura a un grupo amplio y representativo de partes interesadas. Gracias a esta participación, podemos proporcionar información a las personas interesadas, entender mejor las expectativas que estas tienen del proyecto, incluirlas en los procesos de toma de decisiones y, finalmente, podemos recibir observaciones y comentarios sobre los resultados del proyecto.

La realización de una evaluación de necesidades al inicio de un proyecto ayuda a entender mejor quién va a emplear la infraestructura y las necesidades específicas de los grupos vulnerables identificados. Dicha evaluación puede servir de orientación durante la fase de diseño, para que la infraestructura en cuestión cubra diferentes necesidades.

Una vez finalizada la evaluación de necesidades, se debe elaborar e implementar un plan de acción encaminado a afrontar las limitaciones y a aprovechar las oportunidades que se hayan identificado.

Las medidas como estas ayudan a atender las necesidades de las personas más vulnerables, lo que a su vez permite a las poblaciones marginadas y excluidas acceder a oportunidades. La infraestructura inclusiva puede impulsar el crecimiento económico, la mitigación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, puesto que ayuda a que todas las personas se beneficien por igual de las inversiones en infraestructura.